Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

DOSSIER SOBRE LA EXHUMACIÓN DE LA FOSA COMUN DE BENAGÉBER

El caso de la Fosa de Benagéber sirve como modelo para comprender las perversas consecuencias sociales, políticas y jurídicas de la denominada "Ley de la Memoria".

"Memoria versus Justicia"

dissabte 4 d'abril de 2009

Pronunciamiento de los guerrilleros antifranquistas sobre desenterramientos en fosas comunes.

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Manuel Torres

Dado que la "Ley de la memoria histórica" no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos, no reconoce jurídicamente a la resistencia guerrillera antifranquista y sus hacedores persisten en subvencionar desenterramientos masivos sin ninguna presencia judicial, nos vemos obligados a comunicar que:

1. Habiendo formado parte del Ejército Guerrillero que mantuvo en jaque a las fuerzas de la represión hasta los últimos momentos en pro de la legalidad republicana, y siendo compañeros de los que quedaron asesinados y silenciados en ese camino, nuestra voz es contraria a los desenterramientos ilegales por constituir un secuestro de pruebas, absolutamente imprescindibles para juzgar el período franquista.

2. Los crímenes franquistas, dirigidos con especial ensañamiento a la resistencia y a la guerrilla, no prescriben nunca y que por ello todo lo que constituya un secuestro de pruebas de aquellos crímenes, hace cómplices a quienes contribuyan a ello.

3. Entendiendo el dolor de los familiares y respaldando su sentimiento moral, anteponemos la dignidad de la lucha que llevó a nuestros compañeros a la muerte y los que quedamos con vida a la ignominia de no ser reconocidos jurídicamente por el sistema democrático. Es por ello que mientras nos quede un hálito de vida, seguiremos luchando para que se conozca la verdad, se haga justicia y se otorgue la reparación.

4. Las instituciones que gobiernan, empezando por el Congreso de los Diputados y terminando por los Ayuntamientos, pueden intentar seguir practicando el abuso de poder y seguir adelante con el secuestro de pruebas, pero eso no impide que sean cómplices del delito y que algún día sean juzgados por él.

5. El caso de la fosa común de Benagéber, como otras fosas donde hay enterrados guerrilleros, están siendo objeto y punto de mira de grupos de desenterradores que actúan en connivencia con instituciones públicas, pagados con dinero público y apoyados por subvenciones de la Vicepresidencia del Gobierno. Por ello nos hacemos la siguiente pregunta: Si los crímenes contra la humanidad no prescriben, si el Estado español está obligado por una serie de normas de derecho internacional, de derecho europeo y otras derivadas del propio sistema convencional de la ONU, todas aplicables en derecho interno, que prohíben la comisión de crímenes contra la humanidad y ordenan perentoriamente su persecución y si, además, constituye delito actuar al margen de la legislación para este tipo de crímenes ¿Está impulsando el Gobierno a través de la "Ley de la Memoria" el secuestro y destrucción de las pruebas ante un crimen, sufragando estas actividades con dinero público mediante subvenciones, en cuya reglamentación se impide todo gasto dedicado a procedimientos judiciales y provocando como consecuencia la manipulación de los sentimientos entre las víctimas y fomentando e impidiendo cerrar las heridas con dignidad?

Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas y familiares: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Sebastiana Ortega sobrina de Manuel Torres "El Practicante" (AGLA), Emilia Pérez Márquez hija de José Moreno Salazar "Quincallero" (Agrupación Guerrillera de los Jubiles, Córdoba)

COMUNICADO DEL EQUIPO NIZKOR

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Rafael Darijo. Alcalde de Benagéber

El caso de la Fosa de Benagéber (Valencia) ha sido adoptado por el Equipo Nizkor con motivo de la solicitud que Sebastiana Ortega Torres nos dirigió para que la representáramos jurídicamente a través de nuestros abogados y a causa de su oposición al desenterramiento de su tío, Manuel Torres Hervás, de la fosa en que está enterrado legalmente y donde fue inhumado tras su ejecución sumaria y extrajudicial por parte de la Guardia Civil. Sebastiana posee la documentación legal suficiente, a la cual tuvo acceso a través del programa sobre desaparecidos que, hace unos años, realizó el periodista Paco Lobatón en TVE, y no por la vía legal correspondiente, a la que nunca tuvo acceso. Además, le fue denegada la documentación pertinente existente en los archivos de la Guardia Civil, dado que los "guerrilleros" fueron siempre considerados bajo la Ley de Bandolerismo, y, hasta la fecha, nunca fueron reconocidos jurídicamente.

Esta página nos permite hacer el seguimiento jurídico de un caso concreto que afecta tan solo a una de las aproximadamente 1.400 fosas que se han desenterrado en España sin que haya existido asistencia judicial, ni se haya seguido un protocolo forense concordante con el tipo de crímenes contra la humanidad y, en muchos casos, ni siquiera el protocolo forense ordinario en los casos de asesinatos o levantamiento de cadáveres o necropsias de restos humanos por parte de la justicia penal.

Es evidente que el Gobierno español, a través de la Ley de la Memoria, tiene la intención, no sólo de consolidar lo que denominamos "el modelo de impunidad español", sino que además y mediante una forma perversa de utilización del poder, tiene la pretensión de enfrentar memoria a justicia como forma de obviar la aplicación del derecho penal internacional y del derecho europeo, así como de la práctica seguida en toda Europa con las víctimas del nacionalsocialismo y del fascismo, convirtiendo los desenterramientos bajo esta ley en una forma legal de destrucción de pruebas penales y de fortalecimiento del negacionismo histórico.

Comunicados

Pronunciamiento en contra de la decisión de Sebastiana Ortega Torres por la que ésta se opone al desenterramiento de la Fosa de Benagéber

VIDA Y MUERTE DE UN GUERRILLERO: MANUEL TORRES

Escritos

Comunicación al Alcalde de Benagéber acerca de la calificación de "familiar directo" respecto de Sebastiana Ortega Torres

Comunicación al Alcalde de Benagéber acerca de la calificación de "familiar directo" respecto de Sebastiana Ortega Torres

Artículos en prensa

MAQUIS. Polémica por la exhumación de la fosa en la que yace un vilcheño. Sábado, 21 de Marzo de 2009

CCVF

El vilcheño Manuel Torres, asesinado en 1947

Nuria López Priego / Jaén. Se los conoce como “los 8 de Benagéber”. Fueron asesinados en 1947 y enterrados en un hoyo en el cementerio de este pueblo valenciano. Hoy, 42 años más tarde, familiares de tres de ellos han solicitado la exhumación. Pero la sobrina de uno de los dos maquis que yacen en la fosa se opone, a menos que un juez levante acta de un crimen que no prescribe.

Cuando el 4 de enero, una voz al otro lado del teléfono anunció a Sebastiana Ortega que familiares de tres de los “ocho” que yacen en la fosa de Benagéber querían constituir una plataforma para solicitar la exhumación de los restos, se le cayó el mundo encima. El “miedo” se confundió con la “desazón” y su fortaleza se quebró por un instante. Todos los años de “larga búsqueda” hasta encontrar a su tío, Manuel Torres, pasaron por su mente, y la primera frase que acudió a su boca fue: “Respeto el dolor de los familiares, pero no estoy de acuerdo”. “No, si no hay un juez que levante acta”, aclaró.

El tío de Sebastiana, Manuel Torres Hervás, tenía apenas 18 años cuando se enroló en la marina. “Un mes más tarde, se declaró la Guerra Civil”, lamenta la mujer. Cuando acabó el conflicto, y sin muchas alternativas, Manuel se entregó en Bizerta a las autoridades francesas, que lo pusieron en manos de los franquistas y lo condenaron a muerte. Pero le conmutaron la pena y fue enviado al Valle de los Caídos, “como uno más de los esclavos del franquismo que debían redimir penas, levantando la gigantesca tumba del dictador”, denuncia Dolores Cabra, secretaria general de la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE). Logró huir y, una vez prófugo, “¿dónde podía ir?”. “Sólo a la guerrilla”, contesta su sobrina.

Y se unió a la de Aragón. Desde allí, como publicó el diario “Levante”, enviaba cartas clandestinas, que firmaba como Manuel Prieto, y que su familia escondía bajo las tejas. Pero, en julio de 1946, se perdió su rastro. Sebastiana y su madre, Isabel -hermana de Manuel-, no lo descubrirían hasta 1996, gracias al programa “Quién sabe dónde”. Reposaba en una fosa común abierta en el cementerio de Benagéber, el 26 de marzo de 1947.

Asesinado por la Guardia Civil.

Estaba junto a otro maqui herido, al que no quiso abandonar a su suerte. Yacía en un hoyo en la tierra en el que fueron enterrados el mismo día seis represaliados más. Las mujeres pusieron una lápida en el lugar. “Sentimos que ya podíamos descansar”, dice Sebastiana. Ahora, esta exhumación las mantiene en vilo. Sebastiana critica: “No quiero que lo ultrajen. Y si exhuman que lo hagan con un juez. Fueron crímenes contra la humanidad y como tales no prescriben. No son simples restos arqueológicos, como quieren hacer creer”.

El alcalde: “Seguiré la Ley”

Ajustándose al artículo 13, de la Ley de la Memoria, en el que se indica que, “en caso de conflicto entre familiares o asociaciones, como es el caso que nos ocupa, la exhumación deberá ser ponderada por la Administración competente, que, tras dar audiencia a los familiares directos -Sebastiana no lo es-, decidirá la exhumación de forma motivada”, el alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, remitió, ayer, a la Delegación del Gobierno en Valencia, el expediente de exhumación. Una vez que los familiares reciban la carta, tendrán 10 días para inteponer recursos.Gregorio Dionis, presidente del grupo Nizkor de derechos humanos, que representa a Sebastiana, denuncia: “Puede autorizar el desentierro. Pero sólo tienen el permiso de tres familiares, así que podríamos considerarlo inválido”. Añade: “No es un desenterrimiento. Esto es una operación de imagen de Moncloa”.

El alcalde de Benagéber inicia el proceso administrativo para abrir la fosa común.

Más información consultar Equipo Nizkor

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